En el Ecuador, la prevalencia de punto de epilepsia activa es de 7 a 12 por 1000, que es similar a la de los países desarrollados, lo cual no necesariamente quiere decir que el riesgo de padecer epilepsia sea similar. La incidencia de epilepsia es de 120 a 172 por 100.000, que es dos a tres veces más alta que la reportada en países desarrollados, lo cual debería ser confirmado en estudios posteriores. A diferencia de lo que ocurre en países desarrollados, la mayor frecuencia se halla en los grupos de edad de la adolescencia y la edad media de la vida, debido posiblemente a que existen enfermedades más prevalentes en estos grupos de edad, tales como las enfermedades infecciosas y parasitarias, que constituyen un factor de riesgo para la epilepsia. La probabilidad de recurrencia de crisis en pacientes con epilepsia es de 43% de promedio. La recurrencia estimada mediante análisis actuarial de Kaplan-Meier es de 30% a los 12 meses; 51% a los 24 meses, 79% a los 45 meses de seguimiento. Los únicos factores predictores de riesgo son la etiología (52% de riesgo de recurrencia en crisis sintomáticas) y la TC cerebral (51 % de recurrencia con TC anormal). La mortalidad en pacientes con epilepsia es seis veces mayor que la población general del Ecuador (razón estandarizada de mortalidad -REM- de 6.3) y la mortalidad por muerte súbita (REM: 3.9) es mayor a la reportada en países desarrollados. Estas cifras altas de mortalidad probablemente explican que a su vez las tasas de prevalencia sean relativamente bajas. El gasto total en atención de salud en el Ecuador fue del orden del 4.6% del producto interno bruto (PIB) para 1995; en tanto que el gasto público en salud fue de apenas el 1%, siendo uno de los más bajos de Sudamérica. No existe una política de salud para las enfermedades crónicas en general y peor aún para la epilepsia en particular. Tampoco se dispone de un marco legal de protección al paciente con epilepsia. Frente a este panorama poco alentador, corresponde a las autoridades de salud, a los gremios científicos, a las universidades, a la empresa privada y a la sociedad misma, unirse en un esfuerzo común para afrontar la problemática de la epilepsia en su real dimensión biopsicosocial.

The point prevalence of active epilepsy in Ecuador is between 7/1000 and 12/1000, which is similar to that reported in developed countries; however, this finding does not necessarily indicate that the risk to develop epilepsy is the same in these two populations. The incidence of epilepsy in Ecuador is between 120/100,000 and 172/100,000, which is two to threefold higher than that reported in developed countries. These results should be confirmed by further studies. In Ecuador, the frequency of epilepsy is highest during adolescence and adulthood, probably due to the high prevalence of infectious and parasitic diseases in these age groups. Regarding the prognosis, seizures recur in 43% of patients with epilepsy. The risk of recurrence by the Kaplan-Meier actuarial analysis is 30% at 12 months, 51% at 24 months, and 79% at 45 months of follow-up. Statistically significant risk factors for recurrence are the etiology (52% recurrence risk in patients with symptomatic epilepsy) and the presence of an abnormal CT scan (51% recurrence risk in patients with abnormal CT scans). Mortality in patients with epilepsy is six-fold higher than in the general population of Ecuador (standardized mortality ratio SMR of 6.3). The SMR for sudden death in patients with epilepsy (3.9) is also higher than that reported in developed countries. These greater mortality ratios probably explain the relatively low prevalence rates in our country. In 1995, Ecuador spent 4.6% of the gross national product on the health system. The Ministry of Health, which funds the public health system, contributed only 1.5% of this amount. This government contribution is one of the lowest in South America. There are no government programs in Ecuador working to manage and prevent chronic diseases, such as epilepsy. There are also no laws to protect patients with epilepsy. This complex background obligates the health authorities, scientific community, and the society in general, to join together in the fight against epilepsy, as a bio-psycho- social problem.